Claro, Movistar y
ETAPA dan observaciones a proyecto de ley de telecomunicaciones.
La Comisión de Gobiernos
Autónomos recibió a los representantes de los trabajadores de las empresas
Movistar, Claro y Etapa (Empresa Teléfonos, Agua Potable y Saneamiento de
Cuenca) quienes expusieron sus criterios y observaciones respecto al proyecto
de Ley de Telecomunicaciones.
El ingeniero Iván Palacios,
gerente de Etapa, señaló que esta empresa se ha caracterizado por entregar
servicios de óptima calidad en telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado
y saneamiento a la ciudad de Cuenca, por ello ha sido reconocida a nivel
nacional e internacional.
La principal preocupación
radica en que en la nueva Ley de Telecomunicaciones pierdan parte de las
competencias, lo cual generará problemas para seguir entregando a la ciudadanía
el servicio de telefonía fija, internet, televisión, data center de óptima
calidad.
En la normativa se habla de
Estado central lo cual dejaría afuera a los gobiernos autónomos
descentralizados que son los municipios; en cambio en la Constitución se habla
de Estado, conformado por los diferentes poderes, además de los gobiernos
descentralizados, por lo que pidieron que se revise el texto.
Por su parte, Juan Carlos
Oleas, delegado de los trabajadores de Movistar, señaló que alrededor de 6 000
familias se verían afectadas por la reforma que busca reducir la participación
de los trabajadores en las utilidades de las empresas que usan el espectro
radioeléctrico del 15% al 3%.
Dijo que el espectro
radioeléctrico es un medio no un recurso natural no renovable y que la
propuesta, en materia de utilidades, no tiene carácter técnico para ser
incluida en la Ley de Telecomunicaciones.
Entre tanto, Franco Fernández,
de Claro, precisó que 2 600 trabajadores que forman parte de esta institución
piden que se respete los legítimos derechos y que su trabajo apoya al cambio de
la matriz productiva y a la reducción de la brecha digital, así como a la
dinamización de la economía a través del pago de impuesto a la renta con un
promedio de 5 mil dólares.
Por su parte, el presidente de
la Comisión, Richard Calderón, dijo que en este momento los parlamentarios
reciben los aportes de los distintos sectores, mismos que serán estudiados por
los comisionados, pues lo fundamental es construir una ley que permita el
desarrollo tecnológico y de una sociedad equitativa.
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