Despenalización, derechos,
activismos, Estado y Gobierno
La Constitución de Montecristi tiene seis años de vigencia, en ella se
habla de igualdad, no discriminación y del reconocimiento de los derechos, pero
¿qué ha hecho el Estado y este Gobierno para cumplir dicho mandato en lo que
respecta a las poblaciones LGBTI? La respuesta es sencilla: poco y nada.
29 de Noviembre del 2014
Pamela Troya
En 1997 la homosexualidad dejó de ser penada en el
Ecuador. Dejamos de
ser delincuentes, sí, y a pesar de los avances en materia constitucional a
favor de nuestros derechos que se han dado desde aquel año, hoy 17 años
después, seguimos siendo ciudadanas y ciudadanos de segunda.
La Constitución de Montecristi tiene seis años de
vigencia, en ella se habla de igualdad, no discriminación y del reconocimiento
de los derechos, pero ¿qué ha hecho el Estado y este Gobierno para cumplir
dicho mandato en lo que respecta a las poblaciones LGBTI? La respuesta es
sencilla: poco y nada.
Habrá quienes me cuestionarán duramente por esta
aseveración, pues desde la lejanía de la comodidad de quien no se ha
involucrado en el activismo LGBTI o no conoce de las luchas emprendidas en
favor de nuestros derechos, puede verse a este Gobierno como el más abierto a
las demandas de nuestras poblaciones, finalmente, el activismo LGBTI ha tomado
fuerza y resonancia mediática como nunca antes en la historia del país; el
Presidente se ha reunido dos veces con algunas/os activistas LGBTI y ha dado
paso a que el Registro Civil registre la unión de hecho en las cédulas de
ciudadanía. ¿No es acaso este Gobierno el que más ha hecho por los LGBTI? La
pregunta vuelve a ser sencilla de responder: ¡NO!
Hagamos necesarias precisiones. El activismo LGBTI
ha tomado fuerza en estos últimos dos años debido al cambio de estrategia y
nuevos rostros, que han dado un giro a la lógica de un activismo primitivo,
salvo muy pocas y respetadas excepciones, volcado principalmente al tema
VIH-SIDA para conseguir financiamiento; y de visibilizarnos cada año en un
desfile lleno de algarabía, colorido, música, carros alegóricos y semidesnudos.
Un activismo que no habló de derechos civiles y que se quedó cómodamente
situado en costear la vida de quienes supieron "aprovechar" el boom
de las ongs, y que ha colaborado con el imaginario social de que las/os LGBTI
somos "locas" que vivimos "alegremente" y que la mayoría
tiene VIH como consecuencia de su vida "promiscua e irresponsable".
Afortunadamente, este nuevo activismo no ha perseguido fondos y ha sabido
abrirse importantes espacios con acciones contundentes y discursos sostenidos,
teniendo como principal aliado a los medios de comunicación.
Ahora bien, que el Presidente se haya reunido con
algunas/os activistas LGBTI no es lo cuestionable, sino que luego de siete años
de Gobierno lo haya hecho y se lo quiera tomar como "el gran suceso de la
historia".
Ahora bien, que el Presidente se haya reunido con
algunas/os activistas LGBTI no es lo cuestionable, sino que luego de siete años
de Gobierno lo haya hecho y se lo quiera tomar como "el gran suceso de la
historia".
La primera reunión devino en compromisos que no se
cumplieron y en una sabatina dos semanas luego de dicha reunión, donde el
Presidente hizo alarde de un profundo desconocimiento sobre el género y el
feminismo y sus demandas: "¡Ya no es igualdad de derechos sino igualdad en
todos los aspectos! O sea ¡que los hombres parezcan mujeres y las mujeres
(parezcan) hombres! O sea... ¡Ya basta!", dijo en aquella ocasión.
Interesante. De la segunda reunión (almuerzo), se desprendieron otros
compromisos, uno de ellos solventar la negativa del Registro Civil a registrar
como estado civil nuestras uniones de hecho. En menos de una semana, dicho tema
se "resolvió" con una resolución del Registro Civil donde se da paso
a que se registren las uniones de hecho en las cédulas de ciudadanía como
"dato complementario del estado civil", un término inventado que no
existe en nuestro ordenamiento legal. Si realmente hay la voluntad política
para subsanar esto, la Asamblea Nacional debe aprobar reformatorias a las
normas del Código Civil, Ley de Registro Civil y Ley que Regula las Uniones de
Hecho para que sean coherentes con la Constitución en su artículo 68, que
establece que las uniones de hecho generarán los mismos derechos y obligaciones
que tienen las familias constituidas mediante matrimonio; una tarea que el
Legislativo no ha resuelto en seis años.
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