Asamblea
se allana al veto presidencial sobre ley orgánica de educación intercultural
Los maestros deberán permanecer seis
horas reloj en la institución, de lunes a viernes, y dos fuera de éstas. Sin
embargo, esas seis horas pueden incrementarse hasta ocho, por requerimientos de
la máxima autoridad del plantel, previa autorización de la coordinación zonal.
Esta es una de las propuestas que el Ejecutivo propuso en el veto parcial a
esta normativa y que la Asamblea se allanó en la sesión de hoy, con 85 votos a
favor.
La Comisión de Educación consideró que las
observaciones del presidente de la República, Rafael Correa, no modifican el
espíritu de la ley, sino que aclaran el texto y por eso recomendó allanarse a
las mismas. La asambleísta y maestra Margod Salazar enfatizó que el veto tiene
una visión laboral más accesible, progresista y solidaria. La ampliación final
del texto legal se acopla a momentos y necesidades determinadas, dijo.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión de
Educación, Raúl Abad enfatizó que la construcción de la ley no es fruto de la
casualidad. Manifestó que la arquitectura de la misma se la realizó en función
de criterios que los asambleístas recogieron en reuniones en territorio con
maestros, padres de familia, estudiantes, funcionarios y autoridades del
Ministerio de Educación.
El primer mandatario observó siete temáticas. Entre
ellas se encuentre también la regulación del ingreso, permanencia y ascenso en
las diferentes categorías del escalafón docente, que, según las reformas a la
Ley Orgánica de Educación Intercultural, van ahora desde la G hasta la A de
forma ascendente. Planteó que éstas se establezcan en el reglamento general y
no en la ley.
Según el documento, Correa consideró que este tema
debe imprimirse en un instrumento legal dinámico, capaz de atender las
realidades y circunstancias propias de cada momento, pues cualquier cambio a
través de una ley requiere de reformas, mediante la Asamblea.
El veto establece que las categorías escalafonarias
y los requisitos para el ascenso se realizarán sobre la base de criterios de
experiencia, titulación, resultados de evaluación y desarrollo profesional. La
permanencia mínima en cada categoría será de cuatro años.
La vicepresidenta de la Comisión de Educación,
Ximena Ponce, explicó la razón por la cual se eliminó en la ley las categorías
H e I. Aseveró que obedece a la lógica y coherencia con otras reformas. Por
ejemplo, se eliminó la posibilidad de que bachilleres puedan ingresar al
magisterio con categoría I y el ascenso de los mismos a la H. Hoy solo los
profesionales con título en educación podrán ingresar a partir de la categoría
G, dijo. En este caso el sueldo mínimo para los maestros que ingresen será de
817 dólares.
El veto también planteó que la contratación,
producción, adquisición y distribución de la alimentación escolar gratuita para
la educación pública y fisco misional la realice el Ministerio de Educación.
Para realizar estas tareas la ley no creaba una nueva entidad, sino que se
refería a una nueva institucionalidad, el veto del presidente Correa mejora
este criterio, explicó la asambleísta Ponce León.
El Ministerio de Educación también continuará la
tarea de producción y distribución de textos, cuadernos y ediciones de material
educativo, así como de uniformes gratuitos. Los libros los actualizará cada
tres años.
En cuanto al incremento remunerativo de los
docentes de las instituciones educativas particulares, en proporción con el
aumento de las pensiones, autorizadas para este fin por el Ministerio de
Educación, el Ejecutivo sugirió respetar la libertad de estos establecimientos
para el aumento salarial.
El veto explica que este sector se ampara en el
Código del Trabajo y que ahí prima la voluntad de las partes. LM/pv
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